PAUL DAVENPORT
Legisladores de al menos 14 estados trabajan juntos en una propuesta de ley que les negaría la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes indocumentados, dijeron los parlamentarios, entre quienes está el autor de la polémica ley migratoria de Arizona.
Estamos tomando un papel de liderazgo en problemas que tienen que ser resueltos en el país. No podemos esperar por el Congreso'', dijo el martes el senador estatal republicano de Arizona Russell Pearce. ``Es un grupo nacional de trabajo para poder tener una legislación modelo que sabemos será exitosa, que cumpla con los requerimientos constitucionales''.
Las gestiones de los legisladores estatales ocurren en medio de llamados a cambiar la 14ta Enmienda de la Constitución, que garantiza ciudadanía en forma automática a todos los nacidos en EEUU. Los partidarios de ese cambio lo justifican en los costos a los contribuyentes que emergen de los servicios a inmigrantes ilegales y sus hijos.
El representante estatal de Pennsylvania Daryl Metcalfe, fundador de un grupo nacional de legisladores críticos de la inmigración ilegal, dijo que la 14ta enmienda ``incentiva a los invasores extranjeros para que violen nuestras fronteras y leyes''. Metcalfe dio una conferencia de prensa el martes en Harrisburg, Pennsylvania, sobre la iniciativa.
El proyecto podría contradecir parte de la 14ta enmienda y llevar a una batalla legal. Pero Metcalfe dijo que proveer ciudadanía automática por nacimiento a los hijos de inmigrantes ilegales distorsiona la intención de la enmienda.
La oficina de Metcalfe dijo que legisladores en al menos otros 12 estados, además de Arizona y Pennsylvania, dijeron que iban a hacer sus propios anuncios sobre su apoyo a la medida. Esos estados son: Alabama, Delaware, Idaho, Indiana, Michigan,Mississippi, Montana, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma, Texas y Utah. Legisladores de un total de 41 estados están involucrados en un grupo fundado por Metcalfe para lidiar con asuntos de inmigración.
Pearce fue el principal patrocinador de una ley de Arizona que requeriría que la policía inquiriese el estatus de inmigración de detenidos por otros delitos.
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